Sanciones más duras para quienes no aceptan una oferta de empleo

Empleo se plantea endurecer las sanciones para quienes solicitan empleo word y no aceptan una oferta de empleo. Los servicios públicos de empleo no cubrieron el 20% de los puestos ofertados.

sanciones para quienes no acepten una oferta de trabajo

Más sanciones para los parados que no aceptan ofertas de empleo

El Gobierno, a través de su vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado que presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). En la que, según sus palabras “se reforzarán las medidas y consecuencias derivadas de la no aceptación de ofertas de empleo por los desempleados “.

Importante: Esta ley también contemplará sanciones para quien esté cobrando indebidamente la prestación por desempleo.

Según fuentes del propio Gobierno, en el año 2012 tuvieron dificultades para cubrir las ofertas de trabajo que gestionaron. En concreto, de las 338.753 ofertas de empleo que pusieron en circulación, sólo 270.808 fueron aceptadas por aquellos que perdieron el trabajo. Esto supone que el 20% de ofertas de empleo que ellos gestionaron quedaron vacantes.

Eso sí, Empleo admite que “en ciertos supuestos, los requisitos y condiciones de la oferta no se adecuan a los demandantes inscritos “. Lo que a priori llenaría de sentido a ese 20% de ofertas que quedaron sin cubrir.

Pero la vicepresidenta del Gobierno ha dejado bien claro que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si quienes no aceptan una oferta de empleo rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazas, la prestación por desempleo se extingue. Lo que no ha aclarado aún es en qué términos se van a endurecer más estas medidas. También serán más castigados los cobros indebidos de prestaciones

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Otro aspecto que sufrirá endurecimientos será el cobro indebido de prestaciones, habida cuenta que entre enero de 2012 y junio de 2013 se detectaron más de medio millón de desempleados que estaban cobrando prestaciones indebidamente. Lo que ha supuesto al Estado un ahorro superior a los 3.000 millones de euros.

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